Un fallo que evidenció fallas

Por: Duberney Galvis
Licenciado en Comunicación de la UTP. Apicultor.

Iniciemos con una autocrítica: El fallo de tutela que declaró al Parque Nacional Natural los Nevados como sujeto de derechos, pasó desapercibido para muchos dolientes de los temas medioambientales. Y es que desde 1950, el área glaciar se ha disminuido más del 95%.

Sépase entonces que el Tribunal Superior de Ibagué, tras tutela interpuesta por Juan Felipe Rodríguez, ordenó a la nación implementar un “Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del parque”, incluyendo a las entidades regionales y municipales.

Luego lo impugnaron y el proceso fue a la Corte. Impugnaron la Presidencia de la República, las entidades relacionadas y dos alcaldías de los cuatro departamentos que comparten el territorio del parque, las de Villa María, Caldas, y Santa Rosa de Cabal, Risaralda. (Esta última desistió tras escuchar a ambientalistas y académicos). Ante las impugnaciones, el procurador ambiental, en entrevista al Diario del Otún, mostró su desacuerdo, señalando “una actitud un poco atrevida por parte de las autoridades ambientales y territoriales…”.

En la foto de los impugnantes también figura la Concesionaria Alternativas Viales (con términos considerados irrespetuosos).  Y la trasnacional Aglo Gold Ashanti, que posee dos títulos mineros adyacentes al parque, en Tolima y Quindío.

No impugnaron las gobernaciones del Eje cafetero y casi una decena de municipios, entre estos Manizales y Pereira. En esta línea actuó la Carder en cabeza del director Julio C. Gómez.

Ahora bien, la tutela evidenció grietas, desempolvó una problemática pública, y avivó la discusión democrática. No obstante, algunos conocedores plantean inquietudes: ¿relega la tutela a la acción popular como mecanismo idóneo para estos temas? Partiendo de fallos similares sobre la Amazonía y el río Atrato, que no trascendieron, ¿qué alcance tiene la declaratoria? ¿Aporta un derecho subjetivo a un ecosistema? Además, surge la preocupación de las comunidades porque el fallo, antes que integrarlos como lo orientan los avances ambientales, los excluya. El accionante arguye que dependerá de la apropiación social del mecanismo, coadyuvar y emplear herramientas jurídicas que hagan cumplir el fallo.

También quedó expuesta la desconexión de las autoridades que comparten jurisdicción, y la carencia de presupuesto. Aunque las entidades, universidades y comunidades, cuentan con profesionales y habitantes del territorio que, de ser consultados, incluidos y financiados, serían el eslabón clave para un verdadero plan de recuperación y protección del parque.

Adenda: anuncian proyectos hidroeléctricos sobre la cuenca del Campoalegre, en Risaralda y Caldas. Ante los impactos, recordar que la Corte Constitucional sugirió a los planificadores de la política energética, hallar formas diferentes de generación eléctrica. Estas PCH intervendrán caudales con agotamiento, que surten agua a miles de ciudadanos de Chinchiná, Palestina, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa. Solicitamos pronta atención de las autoridades ambientales al comité Guardianes del Agua del Viejo Caldas.